A VUELTAS CON LA UNIVERSIDAD

El Ministerio de Universidades ha presentado para debate público un Proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios como instrumento de debate para la actualización del régimen jurídico de las Universidades.

La publicación del Proyecto tuvo una repercusión moderada. No obstante, el Informe que se ha publicado días después sobre el grado de cumplimiento de las Universidades refleja que la mayor parte de las Universidades incumplen los requisitos que marca la norma. Sólo 18 de las 81 cumplen los estándares (no demasiado rigurosos, todo hay que decirlo) que marca la futura disposición.

Son la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad de León, la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politécnica de Valencia, la Universidad Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Vigo.

Sorprende que algunas, como la Autónoma o la Complutense de Madrid, la Autonoma o la de Barcelona no estén en este listado. Sus Rectorados se lo tienen que hacer ver. Pero recordemos que estas cuatro fueron reconocidas como «Capus de Excelencia Internacional», por el Ministerio, lo cual es especialmente grave.

Puede sorprender que en España tengamos 81 Universidades. No son ni muchas ni pocas, de hecho, en los alrededores de Boston hay 83. Las hay buenas, regulares y malas. Y las hay que, con las carencias que tienen en investigación no deberían ser ni siquiera Universidades. Y las de nueva creación siguen teniendo problemas, como lo que ocurrió en la última creada en la Comunidad de Madrid. No hay ninguna excelente, en una proporción adecuada al potencial económico español. El problema es doble: financiación y capacidad.

El handicap esencial que tiene la Universidad pública es de fondos. Hoy en la UCM los presupuestos son inferiores a los que había en el año 2009. No hay una política autonómica, que son los principales competentes, de impulso a las Universidades. Es una lacra que los Rectores tampoco han tenido la capacidad ni el arrojo de provocar un debate público sobre la cuestión. Se añoran los tiempos en que algún Rector se atrevía a llevar a juicio a la Comunidad autónoma, como ocurrió con la Universidad Complutense. Fueron 150 millones los que se obtuvieron en sucesivas reclamaciones.

Es un problema porque refleja la poca consideración de la Universidad en el sistema público. Es un problema porque, al mismo tiempo, la Universidad no ha sido capaz de generar fondos para hacer frente a sus necesidades. Es, por ello, un problema de gestión, interna y externa, de los Rectorados y de las Comunidades autónomas.

Es una cuestión de capacidad de los gestores, universitarios y autonómicos. El poco peso que tienen muchos de ellos acaba constituyendo una gran dificultad para el sistema en su conjunto.

Posiblemente el problema esté esencialmente en los Rectorados, que tienen un peso relativo en el sistema muy pequeño, posiblemente por el propio desistimiento y la necesidad más de aparentar que de hacer. Es un punto final de llegada o de trampolín y no punto inicial de arranque de una posición de gestión que es apasionante.

La burbuja académica, manifestada en la gestión pero también en el poco peso relativo en la sociedad (que hace, por ejemplo, que se haya estado bastante fuera del debate sobre el COVID, y que demuestra que el profesorado no tiene quien le lea) hace que no se arbitren procedimientos de gestión que impulsen la llegada de fondos. Pero esa burbuja derivada de la cátedra y el doctorado hace que, en muchas ocasiones, esté totalmente alejada de las necesidades sociales y de los debates públicos.

El modelo abigarrado de gobierno universitario (departamentos, institutos, facultades, universidad, con su claustro, consejo de gobierno y consejo social…) constituye también un handicap para una gestión eficaz en tiempos de crisis. No estoy abogando por sustituir el procedimiento de elección de Rector sino articular mecanismos más flexibles que permitan ganar en eficacia. El número de departamentos y centros es, en muchos casos, desmedido y genera una burocracia poco razonable.

Como tampoco resulta razonable la privatización de los títulos que hacen las Universidades públicas en centros privados adscritos, cuya calidad es muy cuestionable y que contribuye a la pérdida de prestigio universitario y al aumento de una titulitis vacía de contenido real. Un cambio que debe llegar más temprano que tarde a través de la denuncia de todos los convenios de adscripción.

Cuando se abordan los problemas de la Universidad se suele traer a colación el del nepotismo y la endogamia en la selección del profesorado. El estudio sobre el sistema muestra que cuando se señala esta cuestión se está obviando el problema central: no es la selección del profesorado sino el tipo de profesorado que tenemos, de carácter temporal, que impiden desarrollar una carrera universitaria en sentido estricto.

Y con ello se elimina la capacidad de investigación y, paralelamente, las posibilidades de aumentos de fondos. Es la tormenta perfecta para pasar de ser una Universidad a ser una academia docente. La Universidad es docencia e investigación.

Las Universidades no están preparadas para el reto de la investigación. No hay personal técnico de apoyo, a diferencia de lo que ocurre en las Universidades estadounideses. La burocratización de la Universidad hace que se pierda un tiempo preciso por parte de investigadores en rellenar documentos porque, como en la novela, el investigador no tiene quien le escriba.

La Universidad está en un momento crítico que requiere un cambio radical en la forma de gestionarla.

Es necesario dar un gran salto adelante en los próximos años. Un salto adelante en una gestión diferente eficaz en la captación de fondos para conseguir mejorar investigación y docencia. Un salto adelante en la configuración de una plantilla razonable y que sea estable. Una plantilla en la que se penalice al que no investiga. Una Universidad, en definitiva, que esté a la altura de lo que exige la sociedad del siglo XXI.