El 14 de noviembre de 1975, con el dictador Francisco Franco en la cama agonizando, el Gobierno de España firmó con Marruecos y Mauritania la entrega del territorio del Sahara Occidental. Una decisión que ha ocasionado mucho daño a la población saharaui con detenidos y prisiones de guerra que han permanecido en cautividad, y que ha causado graves sufrimientos a la población del territorio, que en gran parte ha vivido desde 1975 como refugiados en un país vecino. Son los Acuerdos Nulos de Madrid que ya han salido en este blog.
Una decisión con la que contravenía el contenido del Dictamen consultivo del Tribunal Internacional de Justicia, de 16 de octubre de ese año, en donde se niega cualquier tipo de derecho de los referidos Estados sobre el territorio saharaui.
La ocupación marroquí fue la consecuencia de la llamada “Marcha verde”, ese gran show marroquí apoyado internacionalmente (incluso por España, tal como han demostrado los cables interceptados por Wikileaks) y que abrió la puerta a la “Declaración de intenciones”, que desembocó en la ocupación en el año 1976. El 5 de agosto de 1979 el Frente Polisario y Mauritania alcanzan un acuerdo por el cual Mauritania cede la parte que ocupaba del Sahara Occidental al Frente Polisario, pero Marruecos se anexiona esa zona el 11 de agosto. Tras la proclamación de la República Arabe Saharaui Democrática en 1976, se empezó la construcción del “Muro del Sahara Occidental”; la cual fue obra del ejército marroquí con la ayuda de expertos israelíes y la asistencia financiera de Arabia Saudita y de Estados Unidos.
El Sahara occidental, el territorio de la antigua colonia española, es un territorio sobre el cual había declarado que no había vínculo de soberanía entre Mauritania o Marruecos con el Sahara y que, por consiguiente, no hay razón para no aplicar la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU y descolonizar ese territorio. En este sentido, se debiera proporcionar una solución como la prevista en la Resolución 1429 (2000) que reclama una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” siempre que esta “asegure la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental en el marco de acuerdos que sean compatibles con los fines y principios de las Naciones Unidas” ¿bajo que presupuestos?
De entrada, la única solución pasa por la autodeterminación del pueblo saharaui, no de la población que está en dicho territorio. De hecho, el problema que hubo con el censo hace algunos años derivó, esencialmente, de cómo había sido inflado por Marruecos con población que no reunía los requisitos. El Dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975 sobre el Sahara Occidental (parágrafos 70 y 162 en particular) hacía referencia, de hecho, al “derecho de las poblaciones (del Sahara occidental) a la autodeterminación “. Un plural que expresa la división tradicional entre las poblaciones de Sakiet el-Hamra y Rio de Oro. Un referéndum que ha de ser “justo, libre e imparcial” sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.
Lamentablemente, no corren buenos tiempos. Por un lado, por el declive del Comité de Descolonización de la ONU y por el otro, por la tendencia a hacer descolonizaciones de perfil bajo, casi simbólicas, en las que las potencias que retienen ilegítimamente el territorio administren el proceso para concluirlo con unos vínculos equivalentes a los de la situación previa. Todo ello, a pesar de que los acuerdos de Madrid sólo se pueden catalogar como nulos. A ello se añade el hecho de que ni España (por el control de fronteras que de facto hace de Ceuta y Melilla, recibiendo las expulsiones en caliente) ni los EE.UU. (que siempre han favorecido a Marruecos) tienen interés en debilitar ahora a Marruecos. La actitud de la ONU y su falta de voluntad de impulsar una solución real al conflicto y que se exterioriza en las dificultades de prórroga del MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) que no está haciendo honor a su nombre. Algo que el propio Secretario General de la ONU ha “olvidado” en su declaración de ayer ante el comienzo de las hostilidades.
De hecho, en este contexto, sólo la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio el cobijo necesario a la situación saharaui. La resolución afirmó que el territorio del Sahara Occidental no forma parte de territorio marroquí. Concretamente, señaló que: “Habida cuenta del estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sáhara Occidental en virtud del principio de autodeterminación en relación con el de cualquier Estado, incluido el Reino de Marruecos, la expresión «territorio del Reino de Marruecos», que figura en el artículo 94 del Acuerdo de Asociación, no puede, como sostiene la Comisión y como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 71 y 75 de sus conclusiones, interpretarse de modo que el Sáhara Occidental esté incluido en el ámbito de aplicación de dicho Acuerdo”.
La resolución tuvo un efecto económico importante: Los productos agrícolas, los productos agrícolas transformados, el pescado y los productos de la pesca originarios del Sahara no pueden entrar libremente en la Unión Europea como venía ocurriendo hasta ahora.
Para los saharauis, la situación es insostenible. Por un lado, porque la situación está estancada, lo cual favorece a Marruecos, que sigue introduciendo población para alterar el resultado de un eventual referendum. Segundo, por los problemas de violaciones de los derechos humanos en territorio saharaui perpetrados por las autoridades marroquíes. Y, por último, porque la situación humanitaria en los campos de refugiados situados en la provincia argelina de Tinduf de El Aaiún, Auserd, Smara y Dajla (llamados así en recuerdo de las ciudades saharauis a las que aspiran legítimamente a regresar) no se puede mantener sine die.
El cierre del paso del El Guerguerat, que comunica el Sáhara Occidental con Mauritania, y que es parte fundamental para el comercio de sustancias y productos ilegales entre el sur de Africa, constituyó el hito saharaui para que la ocupación marroquí no siga siendo una cuestión olvidada. Un cierre que ha de entenderse, también, en clave de protección de los recursos naturales de la República Árabe Saharaui Democrática. La respuesta marroquí incluso ha olvidado que se trata de un paso que no forma parte del territorio cedido a Marruecos en los acuerdos de Madrid de 1975.No obstante, desde 2016 ha mantenido esta posición, al configurar el paso como una vía para el comercio irregular.
Es esta situación, es la incapacidad de avanzar en el proceso de autordeterminación lo que ha provocado las acciones del Frente Polisario del último mes. Acciones que han culminado con la declaración de guerra y el bombardeo por parte del Frente Polisario de 6 bases militares marroquíes. Desde luego, la ruptura del alto el fuego que lleva 29 años en vigor consittuye una respuesta drástica. El mantenimiento del status quo ha conducido al olvido del problema y al reforzamiento de la ocupación ilegal del Sahara Occidental por Marruecos. Es el cambio de estrategia para ganar visibilidad en el territorio y acercar la solución al problema, en donde el apoyo saharaui para implementar el plan de paz de 1991 no ha tenido resultados por la inacción internacional. Pero, al mismo tiempo, no es una solución exenta de riesgos.
