La renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas las inconstitucionalidades del Partido Popular
El bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha cumplido 1000 días a lo largo de esta semana. Una situación incompatible con los postulados de un Estado democrático y de derecho, que se puede articular sobre los siguientes aspectos:
- La historia de los bloqueos en los órganos constitucionales vinculados a la justicia está vinculado siempre a los periodos en los que el Partido Popular ha estado en minoría parlamentaria.
- A lo largo de estos 1000 días, el periodo más largo de bloque en nuestra historia constitucional, el Partido Popular ha puesto encima de la mesa numerosas excusas de mal pagador que lo que demuestran es su escaso compromiso con el sistema democrático. La negativa a aceptar a personas propuestas por Podemos primero por razones ajenas al proceso como por razones tan poco vinculadas con el CGPJ como la posición republicana del partido o, después a personas propuestas por el partido como la Magistrada Rosell (por su posición crítica contra el Juez García Castrillón) o al Juez Ricardo de Prada, el que formó parte de la mayoría que lo condenó en la famosa sentencia de Gürtel, después, ejemplifican que el problema esencial del Partido Popular es querer seguir decidiendo sobre la justicia fuera de las mayorías que están en el Parlamento.
- El bloqueo del Partido Popular tiene, además, una misión complementaria que es abortar la designación por parte del Gobierno de coalición de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde en la primavera de 2022. Una designación que va unida a las dos propuestas que hace el Consejo General del Poder Judicial y que, por estar en funciones en la actualidad, no puede cumplir. En definitiva, lo que pretende es esperar a unas hipotéticas elecciones le proporcionen una hipotética mayoría que les permita controlar la justicia de nuevo, como ya han hecho en el pasado.
Los datos anteriores son conocidos. Como también es conocido que, en la actualidad, está bloqueada la renovación del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional (que, además, tiene 11 miembros, menos que los que les corresponde) o el Tribunal de Cuentas. Todos los órganos constitucionales que tienen funciones vinculadas con la justicia.
Pero el bloqueo institucional se podía haber roto hoy. La inauguración del año judicial daba la oportunidad sonada de que se ofreciera una solución radical al problema. Pero no ha sido así. En un discurso extraño, bastante deslavazado, Lesmes ha denunciado la situación, esperando, parece, que el año que viene todo siga igual.
Su discurso ha sido frustrante. No, no es un problema de equidistancia. Es una cuestión de que el Partido Popular ha dicho por activa y por pasiva que no quiere impulsar esta negociación parlamentaria. Y esto se ha de denunciar, aunque se hayan ocupado dos Direcciones Generales en los Gobiernos del Partido Popular presidido Aznar (y hoy la Presidencia del Tribunal Supremo). Es que el inmovilismo conduce a continuar en la inconstitucionalidad.
E insisto, adoptar una solución radical: la renuncia inmediata de los 20 integrantes del Consejo General del Poder Judicial. Esto es defender la Constitución.
La Constitución se protege más con el actuar cotidiano que con expresiones ridículas de partidos constitucionalistas. Un partido constitucionalista es aquel que aplica la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, aunque no le gusten sus consecuencias. Y ese calificativo no cabe hoy para el Partido Popular.
Sólo cabe recordar hoy que, tal como dispone el artículo 56.1 de la Constitución el Rey, como Jefe del Estado, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Llevamos más de 1000 días de bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Defensor del Pueblo lleva más de 1500 días en funciones (desde el 20 de julio de 2017). El Tribunal Constitucional lleva con 11 Magistrados más de 300 días; el mandato de tres de los once magistrados restantes lleva caducado casi un año y, por último, el Tribunal de Cuentas se encuentra en una situación similar. Instituciones básicas del Estado, catalizadores del Estado de derecho, que están funcionando de forma irregular.
Y, una pregunta general ¿realmente estamos haciendo que una mayoría de consenso se transforme en un veto cuando políticamente un partido no quiere cumplir su función constitucional? A lo mejor es que el sistema del consenso de la transición ha pasado a mejor vida.
