Lección 1ª. Régimen general del dominio público.

La exposición de lo que se acostumbra a denominar como teoría general del dominio público sigue planteando en la actualidad problemas de difícil resolución. Fruto de una evolución jurídica compleja, y, pese a que ha recibido el reconocimiento constitucional en el artículo 132 CE, resulta casi imposible buscar elementos que configuren un régimen jurídico unitario que sirva de conductor para todos los bienes que el artículo 339 del Código civil y la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas incluyen dentro de esta categoría. Podríamos encontrar vías de armonización para cada uno de los grupos que lo componen, pero desde luego, como se verá con posterioridad, los argumentos que son válidos para los bienes del primer apartado del artículo 339 no son razonables para los del segundo y viceversa. Incluso, dentro del artículo 339.2 podríamos establecer distinciones ya que no es lo mismo los edificios donde tengan su sede los organismos administrativos que los recursos mineros.

El hecho de que el artículo 132 de la Constitución recogiera esta categoría, estableciera unos principios de su régimen jurídico e incluyera algunos bienes dentro de ella podría haber sido el primer paso para su reconsideración legal, en el marco de la ordenación general del derecho de bienes. No obstante, modificada la práctica totalidad de las normas reguladoras de los sectores demaniales con posterioridad a la promulgación del texto constitucional –como se puede ver a lo largo de este volumen-, establecido un nuevo régimen patrimonial general para las administraciones públicas, las bases siguen siendo las mismas que los redactores del Código establecieron a final del siglo XIX y que, en mi opinión, siguen planteando inconvenientes bastante considerables.

El desarrollo del régimen jurídico del dominio público se encuentra desarrollado en esta lección:

Lección 1ª. Régimen general del dominio público