Instrucción sobre contratos menores

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública ha dictado su primera Instrucción, concretamente la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. Una Instrucción que, como se recordará, resulta de obligado cumplimiento para todas las entidades afectadas por la norma. Para ello, ha elegido uno de los temas más complejos de la ley, tanto desde un punto de vista jurídico como, sobre todo, desde su perspectiva práctica: los contratos menores.

Una complejidad que viene por la tensión entre aspectos censurables como pueden ser la comodidad y “siempre se hizo así” y por poder violar la competencia, por un lado, y los aspectos positivos de la eficacia en la gestión pública, no siempre bien ponderada a la hora de valorar los procedimientos de contratación.

La instrucción de la OIRESCON es estricta y limitativa en la aplicación del artículo 118, introduciendo aspectos que no están recogidos en la norma y que nos separan de su filosofía:

– Exige que el órgano de contratación solicite tres presupuestos en la utilización del procedimiento, a pesar de que no es un requisito previsto en la norma y de que impide la inmediatez para su utilización. Con ello, se crea un mini procedimiento, contrario a la naturaleza del artículo 118, en el que habrán de justificarse una especie de bases de adjudicación ya que habrán de concretarse los criterios de adjudicación. Parece que la finalidad es acercar los contratos menores al procedimiento supersumplificado que, como he dicho en otras ocasiones, no debería justificar el recurso a los contratos menores.

– Crea una figura novedosa, que es la del certifcado de no recurrencia en la contratación, cuyos elementos no concreta con la precisión debida. Este certificado limitativo obvia también la responsabilidad que tiene el órgano de contratación en la selección del contratista, que podría ser, precisamente, el que ya ha prestado el trabajo. Es un certificado que intenta evitar el fraccionamiento del objeto del contrato, existiendo técnicas que son mucho mejores.

– Obliga a la necesidad de justificar una necesidad imprevista, de tal manera que “no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios».

– Concreta el requisito del no troceamiento del objeto del contrato en la unidad funcional, esto es, “para distinguir si existe fraccionamiento en un contrato menor estriba en si se pueden separar las prestaciones que integran el citado contrato; y en el caso de que se separen, si las prestaciones cumplen una función económica o técnica por sí solas”.

– Fija el criterio temporal de las limitaciones en el ejercicio presupuestario, dado que este criterio facilita su comprobación por los órganos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas, rendidas y contabilizadas siempre por ejercicios presupuestarios”. 

– Por último, concreta el ámbito subjetivo de la limitación, referida a “ser entendida como referida a aquellos órganos que ejercen las facultades del órgano de contratación, bien sea como titulares de la competencia o bien por delegación o por desconcentración, siempre que tengan autonomía y responsabilidad suficientes para adjudicar los contratos y lo hagan con cargo al presupuesto del que disponen o tienen asignado en exclusiva”.

Es, en definitiva, una resolución bastante restrictiva, que forma parte de la lucha contra el contrato menor, obviando dos aspectos: por un lado, que son aspectos no regulados por las Directivas europeas y, en segundo lugar, que quita eficacia a las entidades del sector público. De hecho, introduce numerosos aspectos que no están en el espíritu del artículo 118 LCSP, que dificultarán la gestión; siendo discutible que propicie un impulso a la planificación en la contratación teniendo en cuenta que es una figura necesaria y que la planificación requiere elementos funcionales y de medios para poderla ejecutar.

No olvidemos, por último que la disolución de las cámaras frustró una modificación del artículo 118.