La pandemia COVID19 nos está llevando a analizar numerosos aspectos de la gestión pública que en condiciones normales pasaban desapercibidos. El valor de los datos y el gobierno de los indicadores es uno de ellos.
Efectivamente, uno de los factores que más se tiene en cuenta por parte de los poderes públicos y de la opinión pública para valorar las fortalezas y debilidades de un determinado territorio son los indicadores, que no son sino una consecuencia de la adopción de estándares de gobierno por parte de ciertos organismos (normalmente internacionales, y usualmente con participación privada). La controversia que hay sobre datos de infectados y fallecidos por la pandemia es especialmente significativo en este punto. Por no hacer referencia a cómo se hacen públicos.
Los indicadores constituyen “colección de datos ordenados cualitativamente que pretenden representar el pasado o la proyección de ciertas unidades. Los datos se generan a través de un proceso que simplifica datos abstractos sobre un fenómeno social complejo. Los datos, en esta forma simplificada y procesada, permiten ser usados para comparar partes concretas de análisis (tales como países, o instituciones o corporaciones) sincronizadamente y evalúan su desempeño por referencia a uno o más estándares”.
Como se puede ver, una de las cuestiones que plantean los indicadores es la correspondencia entre lo que se mide y aquello a lo que se quiere aplicar para evitar usos torticeros de los mismos, teniendo en cuenta la limitación que plantea en este momento ante la opinión pública la sobreabundancia de información. Los datos de la Comunidad de Madrid sobre la COVID19 es la mejor prueba de lo que se está señalando.
El poder del indicador es muy considerable y por ello se considera un elemento central para el gobierno público, a pesar de los riesgos que suponen. Justificado en la perspectiva tecnocrática, es el que determina cuáles son los elementos políticos que se deben potenciar, basados en un especial “conocimiento” de un determinado sector. Así, por ejemplo, sirven para proporcionar recursos sólo aquellos territorios que cumplan con una serie de directrices. Pero, al mismo tiempo, se pueden maquillar para recibir unos recursos que, de otro modo, no podrían recibir porque no tienen derecho. Precisamente por ello, la forma de obtención de los datos y las consecuencias que se deben extraer de ellos constituyen un factor esencial a la hora de su análisis. El ejemplo del número de afectados por la COVID19 en la Comunidad de Madrid y qué consecuencias se derivan de ello constituye un buen botón de muestra.
Reconociendo la conveniencia de una comparación para valorar las condiciones en las que se ejerce el poder y la importancia que, en consecuencia pueden tener los indicadores para analizar los efectos de las políticas públicas, no se puede dejar de resaltar los riesgos a los que nos enfrentamos: por un lado, el de la ausencia de consideraciones sobre los elementos particulares de los territorios analizados, pero, sobre todo, la elección de los puntos de referencia medibles son un elemento en el que hay un gran riesgo de que se dé una respuesta ideológica a la situación de un determinado país.
Un ejemplo de cómo se puede realizar un ataque a una determinada concepción de una institución se encuentra en la utilización de los rankings de Shanghai por el Partido Popular español para atacar a la Universidad pública sin exponer públicamente qué es lo que examina dicho ranking que no se corresponde con las funciones que la Ley Orgánica de Universidades le otorga para la sociedad. O la modificación que ese mismo partido hizo de cómo se medía el desempleo y que llegaba a la curiosa circunstancia de que una persona que trabajaba una hora a la semana no era un desempleado.
De entrada, el indicador puede tener problemas de legitimidad en el momento en el que pueden haber sido elaborados por entidades privadas, sin sometimiento a principios de publicidad ni en el modo en que se han configurado ni en el de la responsabilidad de las entidades. Puede apreciarse un ejemplo de esto en lo que se ha reseñado con anterioridad sobre los indicadores de regulación financiera y el peso que han tenido los supuestamente regulados. O cómo funcionan las agencias de rating a la hora de determinar la solvencia económica de los Estados. Dicho de otro modo, nos podemos encontrar con que se condicione la política económica de un estado para mejorar su calificación a los efectos de obtención de préstamos.
Pero también puede carecer de legitimidad porque la autoridad pública que los haya generado no sea suficientemente fiable: es lo que ocurre con lo es Estados fallidos o con aquellos que tienen problemas generales de falta de control del ejercicio del poder público, como los casos de las dictaduras.
En segundo lugar, no podemos obviar que la medida de una determinada realidad puede ser valorada a través de variados procedimientos, que derivan de una forma particular de entender esa realidad. Es el sesgo ideológico de los datos. No podemos olvidar que aquí también hay una visión ideológica e incluso metodológica de cada una de las realidades analizadas. No basta, en consecuencia, con tener un dato sino que hay que saber qué ha medido y con qué metodología se ha hecho.
Un ejemplo lo encontramos en los indicadores del Banco Mundial sobre las posibilidades de montar una empresa. Son indicadores que parten de la idea de que menos regulación es mejor que más regulación, lo que determina que el Derecho anglosajón es mejor que el continental para el crecimiento económico. El sesgo ideológico resultaba palmario aprovechando además el prestigio de una institución como el Banco Mundial. No se puede olvidar, en este sentido, la correlación de fechas del estudio del Banco Mundial con la aprobación de la Directiva de Servicios. De nuevo surge aquí el problema de la competencia de Administraciones públicas y de regulaciones, para lo que los indicadores juegan un peso muy relevante, ya que facilitan la comparación.
La falta de regulación en los indicadores configurados por entidades privadas es especialmente dañino. Téngase en cuenta que usualmente no se regula el modo en que estos se configuran sino, acaso, el de las entidades que los realizan. Tal es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Reglamento comunitario sobre las agencias de rating que incluye aspectos limitados de la ordenación. Pero el problema no se resuelve, en mi opinión, con la consideración de alguno de estos indicadores como voluntarios, en la medida en que más allá del peso normativo que tienen está el peso de su valor ante la opinión pública.
Las consideraciones anteriores no deben suponer que se cuestione el dato de forma acrítica. Es um elemento que sirve para la gestión pero no ha de ser el único. Una discusión sobre el número de fallecidos o afectados a los efectos de tomar medidas de confinamiento puede conducir a la languidez y la melancolía; sobre todo cuando hay un problema de salud pública que hay que afrontar.
