El conflicto actual en la frontera entre España y Marruecos y la entrada (y expulsiones en caliente) de migrantes tiene un origen antiguo y una repetición periódica, con independencia de que el episodio actual sea el de mayor intensidad en los últimos años. Hoy el problema está en las primeras páginas de los medios de comunicación, dejará de estarlo y volverá a aparecer en función de las ideas y venidas de la política de Marruecos. La acción de las Fuerzas Auxiliares Marroquíes (muy poco respetuosas, por otra parte, con los derechos humanos) está impidiendo que los migrantes lleguen a las proximidades de Ceuta y Melilla. Pero, al mismo tiempo, este problema que aparece y desaparece se deben vincular a la presión negociadora de nuestro vecino, que utiliza la función de “policía de fronteras” como elemento de discusión.

Habitualmente el problema está en las reivindicaciones históricas (y carentes de fundamento) de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Es cierto que la amenaza hace que las actuaciones del Gobierno de España estén mediatizadas en el fondo y en la forma, a la par que se consigue la colaboración del Gobierno marroquí en la gestión de las fronteras. Una colaboración que tiene dientes de sierra que determinan la presión mayor o menor de la inmigración que pretende acceder irregularmente a territorio español.

 

Pero en este caso no es así. El conflicto actual hemos de situarlo en el Sahara Occidental, administrado ilegalmente por Marruecos desde 1975.

En efecto, la crisis actual es la respuesta marroquí al hecho de que España haya proporcionado asistencia médica a Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que se encuentra en la actualidad en Logroño. La política de chantaje marroquí sobre el Sahara es clara: cualquier apoyo directo, indirecto o humanitario a la causa saharaui supone que deja de prestar la función de policía de fronteras que cumple con España en relación con los emigrantes subsaharianos que pretenden entrar en Ceuta o Melilla.

El conflicto saharaui, su desarrollo, refleja la debilidad jurídica de la posición marroquí. Una debilidad que se ha visto también en los Tribunales internacionales en los que ha aparecido esta cuestión. Por su importancia para los marroquíes es especialmente relevante la resolución dictada el 21 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que señaló que el territorio del Sahara Occidental no forma parte de territorio marroquí. Concretamente, afirmó que: “Habida cuenta del estatuto separado y distinto reconocido al territorio del Sáhara Occidental en virtud del principio de autodeterminación en relación con el de cualquier Estado, incluido el Reino de Marruecos, la expresión «territorio del Reino de Marruecos», que figura en el artículo 94 del Acuerdo de Asociación, no puede, como sostiene la Comisión y como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 71 y 75 de sus conclusiones, interpretarse de modo que el Sáhara Occidental esté incluido en el ámbito de aplicación de dicho Acuerdo”.

La resolución tiene un efecto económico importante: Los productos agrícolas, los productos agrícolas transformados, el pescado y los productos de la pesca originarios del Sahara no pueden entrar libremente en la Unión Europea como venía ocurriendo hasta ahora. Ningún exportador domiciliado en el Sáhara y que exporte productos de dicho territorio podrá alcanzar la Unión Europea con su actividad. Ningún pesquero tendrá licencia a partir de ahora para faenar en las aguas de la Republica Árabe Saharaui Democrática. Las inversiones europeas en el Sáhara Occidental dejan de tener la cobertura del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos relativo a medidas de liberalización en materia de agricultura y pesca. Es el conflicto sobre el mar territorial saharaui que no entra dentro del territorio marroquí.

Pero el efecto político es más importante aún: “considerar que el territorio del Sáhara Occidental está incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación es contrario al principio de Derecho internacional de efecto relativo de los tratados, aplicable en las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos”. Dicho de otro modo, el territorio saharaui no es territorio marroquí.

Ni lo es ni nunca lo fue. El Tribunal recuerda lo señalado por la Corte Internacional de Justicia en 1975, cuando dejó sin argumentos a Marruecos: “Los elementos e informaciones puestos en conocimiento de la Corte indican que en el momento de la colonización española existían vínculos jurídicos de subordinación entre el Sultán de Marruecos y ciertas tribus que vivían en el territorio del Sáhara Occidental. Indican además la existencia de derechos, incluidos ciertos derechos sobre la tierra, que constituían vínculos jurídicos entre el complejo mauritano, en el sentido en que lo entiende la Corte, y el territorio del Sáhara Occidental. En cambio, la Corte llegó a la conclusión de que los elementos e informaciones puestos a su disposición no demostraban la existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra. Por lo tanto, la Corte no comprobó que existieran vínculos jurídicos capaces de modificar la aplicación de la Resolución 1514 (XV) [de la Asamblea General de la ONU] en lo que se refiere a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, a la aplicación del principio de la libre determinación mediante la expresión libre y auténtica de la voluntad de las poblaciones del territorio. […]”.

A partir de aquí, España debiera tomar conciencia de esta situación y actuar en consecuencia: en otra entrada de este blog se recuerda que los Acuerdos de Madrid de 1975 -por los que cedimos el Sáhara a Marruecos y Mauritania- son nulos. La respuesta política debe obviar las hipotéticas reivindicaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y el hecho de que Marruecos hace de policía de fronteras protegiendo la valla de esas ciudades y asumir que ya toca avanzar en la autodeterminación de este territorio a través de un referéndum libre y justo. Tal y como señaló el Tribunal Internacional de Justicia en 1975 y la ONU en reiteradas ocasiones. La Resolución 1429 (2000), por ejemplo, admite una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable” siempre que esta “asegure la autodeterminación del pueblo del Sahara occidental en el marco de acuerdos que sean compatibles con los fines y principios de las Naciones Unidas”. Sin duda se puede pensar que todo esto es pasado, pero lejos de deber ser olvidado es causa del sufrimiento del pueblo saharaui y causa también de la crisis actual. Y, por ello, algo sobre lo que se debería volver.

Pese a la debilidad jurídica de Marruecos, el problema está lejos de encontrar una solución, precisamente por las razones políticas y estratégicas que están detrás del apoyo a Marruecos por parte de actores internacionales. Es una sucesión de preguntas sin respuestas, tal como las formuló el Prof. González Campos las que afloran cuando hablamos de la situación actual del Sahara:

“Sobre el Sahara Occidental siguen pesando, pues, de forma decisiva, las decisiones políticas de ciertos Estados, no sólo las de Marruecos sino también las de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que desde 1975 han venido apoyando a dicho Estado en esta cuestión, ya sea por viejos vínculos históricos o por imperativos estratégicos . Pues si simplemente volvemos la vista a esa fecha, podemos valorar el peso de tales decisiones con sólo formularnos algunas preguntas : por ejemplo, ¿quiénes impulsaron la petición en la Asamblea General de un dictamen consultivo al Tribunal Internacional de Justicia y formularon el contenido de las cuestiones sometidas al Tribunal? ¿ Por qué la respuesta del T.I.J., en lugar de incluir la totalidad del párrafo 162 del Dictamen y, por tanto, su conclusión sobre el ejercicio del derecho a la libre determinación del Sahara occidental sólo destacó los vínculos de ciertas tribus con Marruecos y, en cambio, se contentó con hacer una simple remisión a dicho párrafo? ¿La reacción inmediata del Rey de Marruecos al dictamen, apoyándose en el tenor literal de dicha respuesta y omitiendo lo dicho al final del párrafo 162, no era algo previsto en atención a los extremos anteriores? ¿Quiénes proyectaron y apoyaron logísticamente la “Marcha Verde” ? y, por último,  ¿no debió la Potencia Administradora del territorio oponerse por cualquier medio a este intento de ocupación en lugar de abandonarlo y suscribir unos acuerdos radicalmente nulos como los de Madrid? Las decisiones políticas tras estas preguntas, por tanto, fueron muchas; en unos casos, por razones de pura política internacional y, en el caso de España, también por razones de política interna en el momento en que declinaba el régimen franquista”.

 

El conflicto saharaui forma parte de los conflictos latentes, enquistados y olvidados que hay en el mundo. La tensión que hay entre España y Marruecos en la actualidad no puede hacernos olvidar los deberes que como antigua potencia colonial tenemos con el territorio saharaui. La política actual se demuestra que no soluciona la cuestión, sino que forma parte del problema. Hoy, de hecho, tenemos el problema político de la utilización masiva de las expulsiones en caliente, que se están realizando a un país que no es seguro para los migrantes, como es Marruecos.

 

Por ello, parecería prudente plantear una nueva política.