El conflicto entre los taxis y los vehículos con licencias VTC (Über y Cabify especialmente, más el primero que el segundo) alcanza un nuevo punto álgido. Las concentraciones que bloquean la entrada a IFEMA en Madrid antes de la inauguración de FITUR es la prueba mayor de lo que está pasando. Como similar es el conflicto en Barcelona.

Es un conflicto viejo, con un riesgo grande de pudrirse, que trae su causa de una mala regulación de los VTC. Un problema que no lo quiero situar en la bondad/maldad de estas licencias, sino en cómo deberían haber llegado a nuestro ordenamiento jurídico. Porque parece claro que para que Über pueda prestar sus servicios hace falta una regulación que legitime su actividad, por más que sea una supuesta empresa de transporte sin vehículos ni conductores.

Como en tantos otros casos, se ha planteado como una cuestión de si liberalizar o desregular es una mala opción. Incluso, si observamos resoluciones e informes de la CNMC sobre estos títulos (o sobre otros mercados similares) observamos un interés en la liberalización como objetivo en lugar de ponderar si es una opción realista para servir con objetividad a los intereses generales; que es el mandato constitucional de la agencia y que obliga a la ponderación de numerosos factores, lo que no siempre hace con la intensidad debida.

Yo situaría la pregunta en el inicio de estas licencias de VTC, ya que son las últimas que llegaron. ¿Es necesario tener dos títulos habilitantes para dos actividades tan similares y que pueden entrar en colisión? Soy conscientes de que existen diferencias entre la licencia de taxi y la de VTC pero la realidad es que ambas sirven para lo mismo: transporte de personas en vehículos con conductor.

Es un error regulatorio que, frente a esta realidad, hagamos de elementos secundarios la razón de ser de la dualidad de títulos. La introducción de los VTC hubiera requerido buscar elementos de más sustancia para crear dos marcos jurídicos de acceso y ejercicio de actividad con arreglo a reglas tan distintas.

Porque, seamos realistas, en la mayor parte de los casos, los vehículos con licencia VTC ejercitan la actividad en el ámbito local. Igual que el taxi. Si intentamos explicar a cualquier no experto las diferencias entre ambos títulos es dificultoso, muy dificultoso. Y, más aún, es un problema específico principalmente de Madrid y Barcelona, al que se pueden añadir las grandes celebraciones colectivas, como la Feria de Sevilla o Málaga o las Fallas de Valencia, momento en el cual las flotas de VTC se desplazan para allá en detrimento del taxista tradicional.

Si se analiza con un poco de perspectiva, que los taxistas se sientan agraviados tiene su punto de razonabilidad. Frente a unas reglas más estrictas (que les impiden, por ejemplo, hacer estos desplazamientos de temporada) ven como hacen prácticamente lo mismo otros que tienen una intervención administrativa menor y más barata.

El problema no es de retroactividad, pese a lo que en ocasiones se oye en debates poco precisos. Desde la excelente STC 227/88 se debería saber que la retroactividad se aplica a aquellas situaciones ya concluidas. No es el caso, ya que se trata de actividades que se siguen desarrollando y cuyos efectos serán pro futuro.

Este es un problema de Derecho transitorio; o dicho con otras palabras, del paso de un régimen que se considera deficiente a otro que se considera mejor. Y aquí es donde se ha fallado. No se puede soltar en su integridad el nuevo régimen, tal como una bomba de profundidad, sin analizarse el impacto en un sector que ya estaba funcionando.

Y menos aún cuando las dificultades de control municipal son tan grandes. Ciertamente, las matrículas azules que identifican a los vehículos de transporte de viajeros con conductor, pueden mejorar la situación, pero aún así, el control será dificultoso.

¿Qué el sector del taxi tiene distorsiones? Analícese. Yo no tengo opinión. ¿Es razonable que los títulos sean perpetuos y que además resulten transmisibles? Es inusual, ciertamente, pero ello no quita para que se requiera un análisis concreto. Estúdiese. Si usted cuando lee estas líneas piensa en todo aquello que no le gusta del sector del taxi, resulta legítimo. Pero precisamente por eso, hay que abordar el problema regulatorio. Porque incluir un modo de prestación del servicio mucho más desregulado en una actividad regulada es la forma más simple de dinamitarlo socializando los daños.

Afrontar el problema. Eso es lo que falta. El paso de una regulación a otra debe ser suave. Debe permitirse evolucionar a los viejos licenciatarios para adaptarse al nuevo sistema. Regular de tal manera que quita la posibilidad real de prestar el servicio puede suponer un ataque a las reglas del trato justo y equitativo, que tan bien conocemos de las energías renovables.